Derechos Gay: 

Reacciones por la decisión de la Suprema Corte de efectuar audiencias relacionadas con las leyes contra la sodomía

U. S. News & World Report: Cuando en 1998, J. B. perdió la batalla por la custodia legal de su hija de 6 años de edad, se sintió como una “ciudadana de segunda clase”. Esto ocurrió luego de un fallo de la Suprema Corte de Alabama, cuya sentencia indicó que la relación lesbiana de J. B. con su pareja, no era “ni legal en este estado, ni moral ante los ojos de la mayoría de sus ciudadanos.” Por lo tanto, ella no era considerada capaz de criar a su niña como lo haría su ex-esposo casado de nuevo. Al vivir junto con su pareja, J. B. (quien solicitó el anonimato) violó la ley antisodomía de Alabama, que prohíbe “relaciones sexuales desviadas” [”deviate sexual intercourse.”]

Ahora este tipo de leyes está en debate, pues la decisión de la Suprema Corte de realizar audiencias en torno al caso de dos hombres arrestados en Texas y multados en 1998 por tener relaciones sexuales por consenso en la casa de uno de ellos. Los hombre apelaron con el argumento de que la ley anti-sodomía de Texas, además de violar la privacidad personal, viola la cláusula de igual protección [equal protection] ante la ley al prohibir las relaciones sexuales anales y orales entre hombres mientras que permite la misma conducta sexual en el caso de relaciones entre un hombre y una mujer.

“Este caso no tiene relación con buscar derechos especiales para las personas gay. Se trata de permitir que las personas gay puedan vivir sus existencias sin ser considerados criminales”, dijo Ruth Harlow, abogada principal de los demandantes. El caso podría significar la decisión más importante de la Suprema Corte relacionada con derechos gay desde Bowers v. Hardwick (1986), donde una decisión dividida señaló que el derecho a la privacidad no da a los homosexuales el derecho a tener relaciones sexuales en sus propios hogares. Desde entonces, el número de estados que aplican leyes contra la sodomía ha caído de 24 a 13, con cuatro estados –Texas, Kansas, Missouri, y Oklahoma– que aplican esas leyes sólo a los homosexuales. Los defensores pro-derechos gay sostienen que incluso en aquellos estados en donde está prohibida la sodomía entre parejas del mismo y de diferente género, la ley es invocada casi exclusivamente contra las personas gay.

“Aún en una disputa con el casero (arrendador) [landlord],” señala David Gespass, abogado de Alabama, “un arrendador puede decir simplemente que un inquilino [tenant] gay está cometiendo actos ilegales.”

La posición del estado de Texas es que corresponde al gobierno de los estados, no al gobierno federal, decidir “si una conducta particular es aún vista como inmoral al grado de que permita [warrants] imponer una sanción legal”. En este sentido, Scott Lively, director del Centro Legal Pro-Familia [Pro-Family Law Center], dice que la ley de Texas refleja “una necesidad de proteger a la familia natural de cualquier influencia que pudiera dañarla.”

Los activistas gay rechazan tales razonamientos: “Creo que el caso puede ser hecho en el sentido de que no existe un interés legal legítimo, por parte del gobierno”, para tal legislación, indicó Chai Feldblum, profesor de derecho en Georgetown, “Y que el argumento de que se “protege la moral pública” sólo es una excusa para nuestros prejuicios”, concluyó.

Por lo pronto, J. B. es escéptica para discutir sobre su preferencia sexual. “La experiencia que he vivido sólo me ha silenciado”. Aún así, en primavera planea tomar ventaja de  una ley estatal más compatible, pues volará a Vermont con su pareja de hace 10 años, para unirse en una Unión Civil.

 “The Supreme Court agrees to hear a case that could be a major turning point for gay rights”, por Dan Gilgoff. U.S. News & World Report, L.P. 12/16/02.

Derechos Gay: 

Reacciones por la decisión de la Suprema Corte de efectuar audiencias relacionadas con las leyes contra la sodomía

U. S. News & World Report: Cuando en 1998, J. B. perdió la batalla por la custodia legal de su hija de 6 años de edad, se sintió como una “ciudadana de segunda clase”. Esto ocurrió luego de un fallo de la Suprema Corte de Alabama, cuya sentencia indicó que la relación lesbiana de J. B. con su pareja, no era “ni legal en este estado, ni moral ante los ojos de la mayoría de sus ciudadanos.” Por lo tanto, ella no era considerada capaz de criar a su niña como lo haría su ex-esposo casado de nuevo. Al vivir junto con su pareja, J. B. (quien solicitó el anonimato) violó la ley antisodomía de Alabama, que prohíbe “relaciones sexuales desviadas” [”deviate sexual intercourse.”]

Ahora este tipo de leyes está en debate, pues la decisión de la Suprema Corte de realizar audiencias en torno al caso de dos hombres arrestados en Texas y multados en 1998 por tener relaciones sexuales por consenso en la casa de uno de ellos. Los hombre apelaron con el argumento de que la ley anti-sodomía de Texas, además de violar la privacidad personal, viola la cláusula de igual protección [equal protection] ante la ley al prohibir las relaciones sexuales anales y orales entre hombres mientras que permite la misma conducta sexual en el caso de relaciones entre un hombre y una mujer.

“Este caso no tiene relación con buscar derechos especiales para las personas gay. Se trata de permitir que las personas gay puedan vivir sus existencias sin ser considerados criminales”, dijo Ruth Harlow, abogada principal de los demandantes. El caso podría significar la decisión más importante de la Suprema Corte relacionada con derechos gay desde Bowers v. Hardwick (1986), donde una decisión dividida señaló que el derecho a la privacidad no da a los homosexuales el derecho a tener relaciones sexuales en sus propios hogares. Desde entonces, el número de estados que aplican leyes contra la sodomía ha caído de 24 a 13, con cuatro estados –Texas, Kansas, Missouri, y Oklahoma– que aplican esas leyes sólo a los homosexuales. Los defensores pro-derechos gay sostienen que incluso en aquellos estados en donde está prohibida la sodomía entre parejas del mismo y de diferente género, la ley es invocada casi exclusivamente contra las personas gay.

“Aún en una disputa con el casero (arrendador) [landlord],” señala David Gespass, abogado de Alabama, “un arrendador puede decir simplemente que un inquilino [tenant] gay está cometiendo actos ilegales.”

La posición del estado de Texas es que corresponde al gobierno de los estados, no al gobierno federal, decidir “si una conducta particular es aún vista como inmoral al grado de que permita [warrants] imponer una sanción legal”. En este sentido, Scott Lively, director del Centro Legal Pro-Familia [Pro-Family Law Center], dice que la ley de Texas refleja “una necesidad de proteger a la familia natural de cualquier influencia que pudiera dañarla.”

Los activistas gay rechazan tales razonamientos: “Creo que el caso puede ser hecho en el sentido de que no existe un interés legal legítimo, por parte del gobierno”, para tal legislación, indicó Chai Feldblum, profesor de derecho en Georgetown, “Y que el argumento de que se “protege la moral pública” sólo es una excusa para nuestros prejuicios”, concluyó.

Por lo pronto, J. B. es escéptica para discutir sobre su preferencia sexual. “La experiencia que he vivido sólo me ha silenciado”. Aún así, en primavera planea tomar ventaja de  una ley estatal más compatible, pues volará a Vermont con su pareja de hace 10 años, para unirse en una Unión Civil.

 “The Supreme Court agrees to hear a case that could be a major turning point for gay rights”, por Dan Gilgoff. U.S. News & World Report, L.P. 12/16/02.